Por: Carlos Ernesto Choc

En el municipio de El Estor, departamento de Izabal, sus habitantes mayoritariamente maya q’eqchi´ han sufrido desde la década de los 60 por la empresa minera Explotadora y exploradora Minera de Izabal, S.A. (EXMIBAL), empresa que se dedicó a la extracción del níquel durante varios años. (Rafael Piedrasanta Arandi, Introducción a los Problemas Económicos de Guatemala).

Posteriormente el proyecto continuó bajo el nombre de Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A. (PRONICO), que forma parte de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la transnacional Solway Investment Group, y los agravios contra el pueblo q’eqchi´ continuaron.

En el año 1956, con la invasión norteamericana y la contrarrevolución en Guatemala, comenzaron los privilegios para la empresa minera, en la “Constitución Política de la República reformada por la dictadura de Carlos Castillo Armas, se declaró de utilidad y necesidad pública, la explotación de nuestros hidrocarburos y minerales.” (Art. 218). (Rafael Piedrasanta Arandi, Introducción a los Problemas Económicos de Guatemala).

La minería de níquel, en manos del capital norteamericano se ubicó en la zona portuaria más importante del país, en el Caribe guatemalteco sobre el océano Atlántico, precisamente en donde se ubicaron las grandes plantaciones de la empresa United Fruit Company UFCO responsable del derrocamiento de Árbez en el 1954. (The New York Times (1985). «Crisis in Central America on PBS Frontline». The New York Times)

La minería y el monocultivo son dos grandes actividades económicas que tienen mucha incidencia en la vida social, política y económica de Izabal, ambas se mezclan y combinan, al final de la cuerda, son las comunidades indígenas las que resultan afectadas por la presencia de estas empresas transnacionales: la CGN Pronico, que actualmente es propiedad de la empresa suiza Solway Investment Group, que trabaja con operadores rusos y ucranianos en el país, y la transnacional Chiquita.

A partir del año 2013, con la minera operando y extrayendo toneladas de roca, el impacto socio ambiental no tardó mucho en aparecer, se registraron varios asesinatos de líderes comunitarios, desalojos y desplazamiento forzado de comunidades para liberar fincas que fueron adquiridas por la minera, del año 2017 a la fecha, el lago de Izabal registró una fuerte contaminación con químicos que intervienen en el proceso de extracción del níquel, y otros  que provienen de la producción del monocultivo de la palma  africana.

Para las comunidades maya q’eqchi´, los efectos negativos de la minería se tradujeron en la contaminación del agua y la mortandad de las especies que habitan el lago, esto  puso en peligro la economía de los pescadores artesanales, los comerciantes y el turismo, pero además las acciones arbitrarias de la empresa CGN Pronico también se convirtieron en campañas de intimidación y criminalización, que llegó hasta la persecución penal contra los pescadores artesanales y periodistas de El Estor, por ejercer nuestro trabajo.

La larga historia de despojo

“En el año 1969 durante el gobierno de Julio César Méndez Montenegro, en el contexto de un régimen militar amplio, la concesión por 40 años más con evidente peligro de contaminar el Lago de Izabal, El Estor, Río Dulce etc. dejando así el permiso de usar las aguas para el procesamiento de los minerales y enfriamientos de las maquinarias. (Rafael Piedrasanta Arandi, Introducción a los Problemas Económicos de Guatemala).

Desde la llegada de la empresa minera al municipio, hemos presenciado una larga lista de agresiones, varias dictaduras pasaron, llegaron los gobiernos civiles con empresarios como gobernantes y El Estor siguió siendo concesionado a las empresas en detrimento de los habitantes.

Los intereses de terratenientes y empresarios, desencadenó la represión frente a la demanda del pueblo q’eqchi´ por la tierra, en 1978 la empresa minera de níquel EXMIBAL en complicidad con el ejército y la municipalidad de Panzós, masacraron a la población que estaba reunida en el parque central del lugar.

“El complejo minero EXMIBAL, dedicado a la explotación de níquel, ocupaba tierras comunales y las que los campesinos usaban para sembrar su comida. Además, los megaproyectos de la Franja Transversal del Norte y la hidroeléctrica Chixoy amenazaban con expoliar las pocas parcelas que les quedaban.” Masacre de Panzos Cobán, Guatemala: Nos enseñaron el silencio, pero es hora de gritar

Luego de la firma de los Acuerdos de Paz, las comunidades q’eqchi siguen sufriendo de la represión estatal, algunos de los desalojos de comunidades que en los últimos años se realizaron tuvieron como fin dejar las tierras libres para la minera CGN, para la empresa de Palma de Aceite y para la construcción de la Franja Transversal del Norte.[1]

La empresa minera CGN realizó desalojos violentos en contra de comunidades q’eqchi, la comunidad Barrio La Revolución es uno de los casos, junto a este comunidad fueron desalojadas cinco más en 2007 en El Estor y en Panzos.[2] 

También el asesinato de campesinos y líderes comunitarios como el caso del profesor Adolfo Ich Chaman ocurrido en el año 2009, se responsabilizó al coronel Maynor Ronaldo Padilla González, jefe de la seguridad de la empresa como responsable del asesinato. Izabal: La Justicia Es Solo Para Las Empresas Mineras

La ambición por la tierra por parte de la minera afecto a varias mujeres q’eqchi en la comunidad Lote 8,durante uno de los desalojos promovidos por la empresa CGN, ocho mujeres fueron violadas sexualmente por agentes de la seguridad de la empresa, policías y ejercito que realizaron el desalojo.[3]

Y recientemente en 2017 la represión vivida en El Estor cuando las fuerzas de seguridad del Estado lanzaron gases lacrimógenos en contra de la población, dispararon balas vivas y asesinaron a un pescador en mayo de 2017. Gobierno Intenta Ocultar La Represión En El Estor

[1] Acoguate. Se reabre juicio emblemático contra empresa minera en El Estor (Izabal). Mayo 2015. https://acoguate.org/2015/05/26/se-reabre-juicio-emblematico-contra-empresa-minera-en-el-estor-izabal-2/

[2] James Rodríguez. Desalojos en El Estor: 6 Meses Después. 24 de julio 2007. http://www.mimundo-fotorreportajes.org/2007/08/desalojos-en-el-estor-6-meses-despus.html

[3] No a la Mina. MUJERES MAYA Q´EQCHI´S, VÍCTIMAS DE VIOLACIONES PRESENTAN DEMANDA CONTRA MINERA CANADIENSE. Marzo 2011. https://noalamina.org/latinoamerica/guatemala/item/6189-mujeres-maya-q-eqchi-s-victimas-de-violaciones-presentan-demanda-contra-minera-canadiense

Por: Carlos Ernesto Choc.

Comenzando el 2012 con el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina, ahora procesado por encabezar varias redes criminales y de corrupción en el país, la empresa Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A. (PRONICO) encontró el mejor aliado para sus intereses.

La empresa canadiense Hudbay Minerales, vende o cede las licencias a la empresa suiza Solway Group, y la empresa Pronico obtiene una ampliación de permisos en la administración del ministro Erick Archila Dehesa, también prófugo de la justicia, es quien le facilita a la empresa está en el Estado, también Roxana Sobenes como operadora entre el ministerio y los rusos a cargo de la empresa. Con la llegada de Solway Group a El Estor llegaron varios ucranianos quienes tienen distintos niveles de gerencia dentro de la minera. Un grupo de estos extranjeros son quienes tienen una denuncia penal en contra de dos periodistas y varios pescadores de la gremial. (Revista Perro Bravo, Niquelados: el PP y los rusos).

Para la Gremial de Pescadores Artesanales y para el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), estas licencias fueron otorgadas a través de procesos poco transparentes, incluso violatorios de la ley y las reglamentaciones, por ejemplo, la empresa PRONICO no realizó la consulta previa e informada al pueblo q’eqchi´ en El Estor. Comunidades de El Estor presentan amparo por licencias de proyecto minero 

El gobierno se niega a atender a los pescadores

Lo mismo ocurrió con el gobierno de FCN Nación con Jimmy Morales, el Estado sigue facilitando el trabajo de la empresa minera y simplemente se desentendió de las denuncias de contaminación del agua del lago y de la criminalización de la población.

Alfonso Rafael Alonzo, en el año 2017 cuando era viceministro de Ambiente llegó a El Estor, al hacerlo los pescadores artesanales y la sociedad le pidieron que facilitara un proceso de diálogo, entre el Estado y la población, para investigar la contaminación y las violaciones a los pobladores de la región que la empresa minera comete, actualmente es el ministro de Ambiente y el resultado es todo lo contrario.

El alcalde municipal, y las autoridades estatales le dieron la espalda a los reclamos de la sociedad y de la Gremial de Pescadores Artesanales, esto tuvo un desenlace terrible, el asesinato del pescador Carlos Maaz, el 27 de mayo del 2017, mientras las fuerzas antimotines de la PNC reprimía a la gente. Gobierno Intenta Ocultar La Represión En El Estor

Luego el ministro priorizó atender los intereses de la empresa minera y rompió el acercamiento que habían planteado los pescadores, sabiendo que las formas de otorgar las extensiones de permisos a la empresa Pronico son fuertemente cuestionados, especialmente cuando fueron otorgados por el ex ministro Erick Archila Dehesa.

En el año de 2017 el tema de la contaminación preocupó a la población y a la Gremial de Pescadores Artesanales,  debido al cambio de color en el  agua del lago de Izabal, (rojo), instituciones como la Municipalidad y otras, hicieron pocas acciones. El Ministerio de Ambiente, junto con la Universidad de San Carlos y el Ministerio de Salud realizaron un estudio de calidad del agua en el lago. Como resultado, el informe señaló que no hay elementos químicos procedentes de la empresa minera, pero dos estudios más fuera del país dicen todo lo contrario.

Debido a esta acción la Gremial de Pescadores Artesanales está siendo criminalizada por la empresa minera, además dos periodistas de la región fuimos acusados penalmente por investigar y denunciar públicamente la contaminación a nivel nacional e internacional y por informar a la población sobre esta problemática. La persecución penal injusta contra periodistas, atenta contra la libertad de expresión

El Estado y el gobierno municipal le dieron la espalda al pueblo de El Estor, el mensaje que nos dan como sociedad es que la impunidad y la corrupción son los aliados de las empresas extractivas.

¿Quedará la contaminación del Lago en la impunidad?

¿Dejaremos que El Estor se destruya ante la extracción industrial del níquel?

¿Por qué la minería actúa con tanta impunidad?

¿Cuándo cesara la censura y le persecución de la gente?

Por: Simón Antonio Ramón.

Durante cuatro años tuvieron que esperar once vecinos maya kaqchikel de la Aldea Los Pajoques de San Juan Sacatepéquez para que iniciara el juicio en su contra, todos fueron acusados por la fiscalía de delitos contra la vida del Ministerio Público, señalándolos de ser los supuestos responsables de los hechos que ocurrieron en esa comunidad el 20 de septiembre de 2014.

El debate se realiza en el Tribunal de Sentencia Penal de Mixco, tanto el MP como las cinco querellantes en el caso intentaron trasladarlo a la ciudad capital, pero un amparo logró regresar el expediente a Mixco.

El juez Edgar Mamfredo Roca Canet, preside este tribunal, el espacio es reducido tomando en cuenta la presencia de los once comunitarios, cada uno tienen un representante legal, entre abogados particulares y de la Defensa Público Penal, además del fiscal del MP y el abogado querellante la sala se reduce en espacio.

La presencia de los medios de comunicación en este tipo de casos es escasa por no decir nula, pero la presencia de este medio en el tribunal causo el malestar de los abogados de la defensa, pero luego que el juez confirmara que en respeto al ejercicio periodístico y a la libertad de expresión en un debate oral y público los medios pueden estar presentes.

Cuatro de las cinco mujeres que son querellantes en este juicio pasaron a declarar, ellas son: María Paula Choy Guamuch, María Edilberta Pajoc Matz, Marta Leona Pajoc Matz y Vitalina Iquic Sequén de Pajoc.  Sus esposos eran trabajadores de la empresa Cementos Progreso y murieron en los incidentes del 20 de septiembre de 2014 en la comunidad Los Pajoques. La quinta querellante no declaró.

Cada una de ellas declaró ante el Tribunal como presenciaron los hechos y a las personas que ellas supuestamente reconocieron que participaron de forma directa en los mismos, luego respondieron a las preguntas que la fiscalía les realizó, también las preguntas del abogado querellante y los abogados de la defensa de los once acusados.

El debate en su primer día duró hasta las 17:30 horas, el juez habilito a partir el tiempo adicional para continuar con las declaraciones de las querellantes, programándose su continuidad para el miércoles 18 de abril.

Los señores Francisco Pajoq Xolix, José Clemente Pajoq, Manuel Chocon, Mauricio Subuyuj y Andrés Patzan Locon fueron trasladados por el Sistema Penitenciario al Anexo B del Centro Preventivo para hombres de la zona 18, los otros seis comunitarios tienen una medida sustitutiva.

Las contradicciones en los testimonios de las querellantes

Las contradicciones de las testigos y querellantes está en la forma que afirman que ocurrieron los hechos, en la forma en que salieron de la casa de Bernardo Pajoc en la Aldea Los Pajoques.

María Paula Choy Guamuch, declaró que ella en la oscuridad escuchó que llegaron unas personas por la calle y decidieron salir de su casa y refugiarse en la casa de Bernardo Pajoc a dos metros de su casa en el mismo patio, que al ver que ingresaban varios hombres armados decidieron salirse de la casa e irse del lugar a otra finca, la finca El Pilar y que desde ese día ya no regresaron a la Aldea Los Pajoques.

A las preguntas de los abogados de la defensa sobre  si ella supo del asesinato de Juan José Pajoq por la noche del 19 de septiembre, atribuido al grupo de trabajadores de la empresa que integraba su esposo y Felipe Patzan, ella afirmó que nunca lo supo. Tampoco supo que a las 5 de la mañana el 20 de septiembre desde el interior de la casa de Marcelo Pajoq habían disparado al señor Justo Raxon Chojón quien falleció en el lugar.

Doña María Paula Choy afirmó que a varios de los acusados no los vio en el lugar donde ocurrieron los asesinatos.

Durante las declaraciones de las hermanas Pajoq Matz, quienes narraron el mismo hecho afirmaron que salieron todas junto a Bernardo Pajoq de su casa, en donde se habían escondido, y en contradicción a la versión de la declaración de María Paula.

También la señora Vitalina Iquic Sequén de Pajoq señaló que fue una persona de nombre Mauricio Sebuyúj quien llevaba un hacha en la mano quien entró por las familias para sacarlas de la casa de Bernardo Pajoq, contradiciendo la versión de las querellantes anteriores.

La querellante afirmó que se dirigieron a la finca El Pilar, con el apoyo de los trabajadores de la empresa CONASA quienes trabajan en el Anillo Regional y así llegaron a Santo Domingo Xenacoj, un lugar distinto al que las otras testigos afirmaron haber llegado esa misma madrugada el mismo día en septiembre de 2014.

Las valoraciones del primer día del juicio

A criterio del abogado Byron García de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala ODHAG, en el primer día del juicio ve la continuidad de la actitud del MP en limitar a los acusados en fiscalizar las pruebas en su contra. “La actitud del MP se puede ver en dos aspectos: la primera es que la acusación está construida en declaraciones testimoniales y en pruebas periciales y eso resta el valor de la prueba y el segundo aspecto es la limitada posibilidad de fiscalización de la prueba” indicó.

En el análisis de las declaraciones de las testigos y querellantes de este primer día, el abogado de la ODHAG valora “La participación de Vitalina Iquic Sequén es muy fuerte pero parece que tiene una parte construida, se contradijo en el modo y forma de cómo fueron dados los hechos y esas  contradicciones dejan una duda fuerte” agregó el abogado.

Por: Nelton Rivera.

El 12 y 13 de abril se realizó un encuentro de autoridades y una capacitación / observación sobre los procesos de producción de siembra local para fortalecer la auto sostenibilidad de los pueblos, convocada por el Gobierno Ancestral Plurinacional y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC) de México en donde participaron delegados de varios municipios y pueblos indígenas del territorio norte de Huehuetenango.

Esta actividad se realizó en la comunidad de Paykonob’ Grande, del municipio de San Miguel Acatán. Cuando los participantes retornaban a sus hogares, tres de ellos, autoridades comuintarias fueron retenidos y torturados durante 15 horas, por un grupo de vecinos de la comunidad Paykonob’ Chiquito, del mismo municipio. Fue hasta la una de la tarde de este sábado 14 de abril, que los dejaron en libertad en la municipalidad de San Miguel Acatán en donde los mantuvieron retenidos, en el salón viejo de la municipalidad adentro están las carceletas.

La detención y tortura

Eran las diez de la noche cuando iban de regreso a sus casas en la cabecera municipal, uno de ellos es Alfredo Pedro Domingo, y dos personas más que integran el Frente Nacional de Lucha – FNL, cuando un grupo de hombres los retiene, con el argumento de que ellos “roban energía eléctrica”.

Los amarraron de las manos, les echaban agua fría a presión en el rostro para ahogarlos, al mismo tiempo que los insultaban, amenazaban y acusaban de robo de energía, robo de animales como caballos, chompipes, gallinas, entre otras cosas relató una de las personas retenidas.

En un comunidado del Gobierno plurinacional identifican como responsables a los señores Pascual Tomás Andrés, Miguel Pascual Martín, Juan Tomas Francisco, Pedro Felipe y Ramón Francisco Mateo, de la aldea Paykonob’ Chiquito,[1] que son conocidos como simpatizantes del alcalde y por oponerse al Frente Nacional de Lucha.

Las autoridades comunitarias confirmaron que este grupo cerró la carretera a altas horas de la noche, para esperar a las personas que participaron en ese encuentro, colocando piedras para bloquear el paso, de esa forma lograron detener el vehículo en el que se transportaban los tres comunitarios, el vehículo también sufrió daños materiales.

¿Qué responsabilidad tiene la municipalidad en este hecho?

La municipalidad no detuvo a los agresores, sino que encarceló a las víctimas, violando abiertamente los derechos humanos. “Alrededor de la media noche, el Comisario Municipal, por órdenes de Autoridades Municipales lo fue a traer de Paykonob’ Chiquito para encarcelarlo en la cabecera municipal.”[2] 

El alcalde municipal y los trabajadores municipales jugaron el rol de agentes de la Policía Nacional Civil y de un juzgado, todo esto fuera de sus atribuciones municipales. Los comunitarios denunciaron que el alcalde municipal Jose Marcos Pascual Manuel, electo por el Partido LIDER y varias personas de la comunidad de Paykonob’ Chiquito están en contra del Frente Nacional de Lucha FNL en ese municipio por oponerse a la empresa ENERGUATE lo que ha provocado varios incidentes entre comunidades y vecinos.

“En septiembre del año pasado, varias personas de la misma comunidad agredieron dirigentes de la organización vinculada al FNL de Jak’atan (San Miguel Acatán en idioma Akateko) y que participan en el Gobierno Ancestral Plurinacional.” Afirmó un comunitario.

“El 19 de septiembre del año 2016, en la misma comunidad fueron capturados, amarrados y golpeados José Tomás Andrés Juan, Alfredo Pedro Domingo, Francisco Andrés Francisco Juan, Pedro José Tomás, Juan Andrés Pedro Pablo y Mario José Pascual quienes son miembros de la Junta Directiva Local del Frente Nacional de Lucha.”[3]

Comunicado de prensa del Gobierno Ancestral Plurinacional:

[1] Comunicado. PAYXAIL YAJAW KONOB’ Akateko, Chuj, Popti’, Q’anjob’al. Gobierno Ancestral Plurinacional. Huehuetenango 14 de abril de 2018.

[2] Ibídem.

[3] Ibidem.

Por: Imox

Santa Cruz Barillas, 16 de abril de 2018. La feria titular del municipio de Barillas en Huehuetenango, está cercana a realizarse, las actividades comienzan desde el 28 de abril, pero el 1 de mayo es la fiesta principal y la seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC), es uno de los acuerdos alcanzados entre las organizaciones y comunidades con la actual municipalidad, las actividades finalizan el 5 de mayo.

Las organizaciones sociales de Barillas, encabezadas por el Movimiento de la Sociedad Civil del municipio, han planteado de manera formal desde hace varios años, varias propuestas para resolver los problemas sociales generados por la empresa española Hidro Santa Cruz y sus aliados en el municipio.

Todas las propuestas se han hecho de acuerdo al artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala y aunque  fueron recibidas, no hay voluntad política por parte de las autoridades para atenderlas, argumentó un representante del movimiento.

Desde el 2015 para garantizar  la seguridad de la fiesta titular del municipio, cada año se hace un acuerdo entre las organizaciones y la municipalidad, se levanta un acta municipal con certificaciones a las organizaciones sociales.

La feria titular del año 2018 contará con la presencia de aproximadamente 30 agentes de la PNC, ellos estarán en el lugar los días que dure la feria, luego saldrán e nuevo del municipio, como se ha hecho en los años anteriores, aunque las autoridades comunitarias denunciaron que han existido en distintas ocasiones se ha violado este acuerdo intentado que la PNC retorne al municipio.

La población no permite el regreso de  la PNC, debido al papel represivo que  jugó en contra de las comunidades, colocándose del lado de las empresas hidroeléctricas en Barillas, San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia, por otro lado los comunitarios recuerdan que varios años atrás del 2012 al 2015, la PNC estuvo garantizando la seguridad privada de la empresa, lo que provocó el descontento social.

En el territorio norte de Huehuetenango existe un acuerdo entre el Gobierno Ancestral Plurinacional y el Ministerio de Gobernación para informar y coordinar la presencia de la seguridad pública, y de esta manera evitar incidentes como las detenciones arbitrarias o desalojos ocurridos anteriormente.

Un texto publicado en https://desinformemonos.org

Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones y comunidades que forman parte del Grupo de resistencia al modelo extractivo en Chiapas se reunieron los días 19 y 20 de abril para dar cuenta de las acciones que han llevado a cabo contra los proyectos extractivos en sus territorios, en el marco del encuentro “¡Pueblos Vivos! ¡Libres del Extractivismo!”.

Las comunidades reconocieron la labor del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, que en Pijijiapan logró la suspensión de 4 proyectos de mini hidroeléctricas. Al día de hoy, oficialmente hay 111 concesiones mineras y 98 proyectos hidroeléctricos en la entidad, resaltaron.

Agregaron que en Pijijiapan los habitantes de varias comunidades también “están intentando también prohibir el proyecto de granja avícola de Bachoco, cuyos desechos llenos de agentes tóxicos desembocan en el río Las Pilas, afectando la salud las personas que dependen de esa agua”.

Los participantes del encuentro agregaron que en la región además está presente la amenaza de parques eólicos, como en el municipio de Arriaga, así como los proyectos de economía verde “que buscan sacar provecho de la biodiversidad a través de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y de la militarización, con la implementación de la Gendarmería Ambiental”, a lo que resisten los integrantes de “Reddeldía de los Montes Azules” en la Selva Lacandona.

Por otra parte, denunciaron la explotación de hidrocarburos y celebraron “la digna lucha” del pueblo indígena zoque de Chiapas por la cancelación de los bloques 10 y 11 de la Ronda 2.2, en los cuales se planeaba explotar 12 pozos de hidrocarburos.

“La legalización del despojo se traduce por la implementación de nuevas Zonas Económicas Especiales (ZEE) en el sureste mexicano, entre ellas la ZEE de Puerto Chiapas que va a ocupar 8 mil 611 hectáreas en tierras de Tapachula”, señalaron las comunidades y organizaciones. Aseguraron que las ZEE sólo provocarán más pobreza, más contaminación y menos tierras cultivables, y las calificaron de “un atentado a la soberanía” de los municipios.

“Nosotros tenemos otro proyecto de vida más sustentable para nuestras comunidades, basado en el rescate de nuestros usos y costumbres, nuestras semillas originarias y nuestra medicina tradicional”, expresaron.

Por último, rechazaron la Ley de Seguridad Interior, que facultará a las fuerzas armadas para intervenir en la seguridad pública, y denunciaron la implementación de estrategias de control y de programas asistencialistas en el marco de las elecciones de 2018, las cuales “generan división en las comunidades e incrementan los niveles de violencia”.

Por: Lencho Pez

El día miércoles 18 de abril de 2018, una brigada de trabajadores de la empresa Energuate llegó a la aldea Temux Grande, en el municipio q’anjob’al de Santa Eulalia, departamento de Huehuetenango, para intentar realizar el corte del servicio de la energía eléctrica a los vecinos que están en resistencia del pago de la energía.

Los integrantes del Comité de Energía Eléctrica de esa área, al percatarse de lo que estaba ocurriendo, convocaron de inmediato e invitaron a los personeros de esta institución a una reunión en la aldea Temux Chiquito. Las autoridades comunitarias les hicieron saber que estaban en resistencia de no pagar el cobro excesivo, además les mostraron varios de los documentos entregados a esta empresa transnacional varios años atrás.

Energuate adquirió la distribución y cobro del servicio de energía eléctrica en el país, actualmente los dueños son empresarios de Israel, con I.C. Power Ltd, empresa que heredó una fuerte problemática social por el cobro excesivo que realiza.  Los trabajadores desistieron en ejecutar los cortes de energía y se retiraron del municipio.

La intermediación de las autoridades

La autoridad comunal le explicó a los trabajadores de Energuate que mientras existan varias solicitudes, actas y memoriales que la empresa se ha negado a atender,  esta no podrán violar los derechos de los vecinos,  saboteándoles el servicio eléctrico al realizar el corte de la energía, ya que esto es parte de los derechos constitucionales de todo guatemalteco.

Los  trabajadores de Energuate, enterados de lo expuesto por las autoridades, prometieron no cortar la energía a las otras personas que aún están en resistencia en las otras comunidades, no así a las personas que ya firmaron un contrato de pago por la deuda con la institución, las autoridades elaboraron un acta y los trabajadores la firmaron.

Un día después, el jueves 19 de abril en horas de la mañana, las autoridades comunales fueron alertadas, ya que nuevamente los trabajadores de Energuate estaban en el cantón de la aldea Temux Chiquito, pero ahora iban bajo la custodia de varios agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Inmediatamente la gente identificó que los agentes eran de la subestación de Santa Eulalia y que los trabajadores de Energuate iban para realizar los cortes de energía eléctrica a las personas con las que un día antes se habían comprometido a no cortar el servicio.

Los vecinos de manera pacífica les impidieron que realizar esta acción, la empresa no puede afectar a las comunidades cuando están haciendo uso de un derecho constitucional de protesta, el Estado es responsable por no atender las demandas de la población y mientras eso no sea resuelto Energuate no puede llegar y afectar a la gente, afirmaron los vecinos.

La actitud de la empresa genera descontento, un día antes habían firmado un documento y 24 horas después rompieron los compromisos adquiridos con la autoridad comunal.

En una entrevista con uno de los líderes de las comunidades manifestó: “el acompañamiento qué le dieron los elementos de la PNC a estos empresarios, no fue con la autorización del jefe de la subestación. De esta forma se hace evidente la manipulación de las empresas multimillonarias a las autoridades del país”.

No es el primer incidente de la empresa en el territorio de Jolom Konob’ (Santa Eulalia) el año pasado, llegaron a otra comunidad, cortaron la energía y provocaron muchos daños materiales, también económicos limitando distintas actividades de las personas, empresas e instituciones estatales que dependen del servicio. Santa Eulalia: El Problema De La Energía Eléctrica Y La Empresa Que La Distribuye

Por: Baudilio Choc / Nelton Rivera

“No voy a recibir el dinero porque yo amo a mi comunidad y a mis hijos, de ellos es la tierra esa es mi lucha”

Óscar Yat, maya q’eqchi´ fue detenido de forma arbitraria. Tiene 42 años de edad, vive en la comunidad agraria El Gosen, en el municipio de El Estor, Izabal. Se negó a recibir un soborno económico por parte de personeros de la minera CGN para que las familias se dejaran de vivir en esta comunidad, como consecuencia ahora está preso.

Era 10 de febrero de 2018 y don Oscar se dirigía a su trabajo de recolector de basura para la Municipalidad, como todas las mañanas salió de su casa. Cuando un vehículo le cortó el paso “a él se lo llevaron como si fuera un secuestro, había un carro que lo siguió hasta el lugar de su trabajo…” varias personas armadas lo obligaron a subirse al vehículo, le mostraron sus armas y lo amenazaron de disparar si no se subía. Durante el traslado sus secuestradores no dijeron una sola palabra” afirmó su esposa.

No existe una orden de aprehensión en contra de Óscar Yat, no recibió ninguna notificación del juzgado para presentarse ante alguna denuncia en su contra, quienes lo detuvieron no eran agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), tampoco eran fiscales del Ministerio Público (MP), eran personas particulares. A pesar de la detención arbitraria, fue ingresado al Centro Preventivo de Puerto Barrios.

Óscar Yat cumplió tres meses de estar en prisión y su familia denunció que el juzgado de Puerto Barrios suspende la audiencia de primera declaración cuando llega la fecha, luego no les quieren dar información o la razón del por qué se suspende, ni la fecha de cuándo la van a reprogramar.

Su familia denunció que la cárcel es porque no quiso recibir dinero de la empresa para desistir de luchar por  la tierra para la comunidad.

La acusación de CGN en contra del comunitario

El 7 de enero de 2018, tres días antes de la detención de Óscar Yat, se presentó a la fiscalía de Sección de Delitos contra el Ambiente de Izabal, el abogado Iván Roberto Camey Aguilar, mandatario especial administrativo y judicial de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).

El abogado Camey Aguilar acusó a doce personas, responsabilizándolas de usurpar la finca Setal en el año 2016, esta finca está ubicada en la zona de amortiguamiento del área protegida Reserva Natural Privada “Setal”, Finca 3805, Folio 13, Libro 82 de Alta Verapaz.

La denuncia fue recibida por el auxiliar fiscal Flavio Wilfredo Rosales y Rosales, tres días después gente armada realizó el secuestro y detención arbitraria de Óscar.

Él fue acusado por participar en la tala de árboles, incendio forestal y venta de maderas. El mismo abogado de la empresa lo señaló como líder de un grupo de 100 personas que se instalaron en la finca y que buscan venderles la tierra.

Las personas acusadas son: Ana Romelia Cuz, Sofía Cuz, Ofelia Cuz, Marcos Porta, Axel Alberto Álvarez Jacinto, Walter Leonel Álvarez Jacinto, Hugo Danilo Álvarez, Oscar Yat, Roberto Yat, Carlos Coc Choc, Guilberto Ac Ical y Carlos Cuc, todos maya q’eqchi´ de El Estor.

La Finca Setal es reclamada 617 hectáreas de la reserva natural, durante el gobierno de Álvaro Colom fue otorgada bajo la administración de la empresa minera CGN, en una de sus páginas web la anuncian como la primera Reserva Natural Privada del país, bajo la tutela de un proyecto minero. Esta reserva fue otorgada por el Estado de Guatemala en 2010 en propiedad a la empresa Bocanueva S.A. Esta empresa es una de las tres empresas de International Níquel Co. (INCO) en Izabal, propiedad de capitales canadienses.[1]

[1] Luis Solano. Petroleras y mineras canadienses presionan. Albedrio. 27 de octubre de 2007. http://www.albedrio.org/htm/articulos/l/ls-019.htm

El trasfondo de la acusación

Para Óscar Yat y para su familia, el verdadero fondo de su detención arbitraria, no se debe a los hechos que narra la empresa en las acusaciones, sino por no haber recibido el dinero que les ofrecieron los trabajadores de la empresa CGN Pronico, este ofrecimiento buscaba que las familias de la comunidad agrícola El Gosen, salieran de las tierras donde tienen su casa, Everilda Ché, esposa de Óscar así lo denunció.

La familia se preocupó muchísimo, pasaron seis días desde el secuestro de Óscar Yat, hasta que tuvieron información sobre él, Everilda se enteró de la detención de su esposo el 16 de enero, ninguna autoridad estatal, policía, juzgado o Sistema Penitenciario le permitió a Óscar comunicarse con su familia.

“Le quitaron su celular y ya casi le disparaban, lo forzaron a subirse en el carro y no le hablaron, luego lo acusan de talar árboles, de incendiar las montañas, de sacar madera y vender madera, él no trabaja de vender tablas, su trabajo es de recolectar la basura como trabajador municipal”. Everilda.

Desde el día de la detención de Yat, la familia ha observado que frente a su casa circulan cuatro vehículos extraños: “casi se estacionan en mi casa, eso no es correcto, ellos piensan que por ser muy pobres y los ricos quieren humillarnos, yo lo que pido es que suelten a mi esposo así como se lo llevaron, así tienen que venir a dejarlo, si algo le sucede o lo asesinan responsabilizo a los trabajadores de la empresa CGN Pronico, porque ellos fueron quienes lo detuvieron.”

Las amenazas en contra de la familia de Óscar Yat

Las primeras amenazas llegaron directamente a la casa de don Óscar, luego su hermano  Roberto Chub fue amenazado: “a mí me dijo personalmente uno de los trabajadores de la empresa minera, que por estarme metiendo en el asunto de mi hermano, también tengo una orden de captura…” a mí no me da miedo decirlo porque nosotros tenemos derechos, tenemos derecho a la tierra y de estar aquí.

¿Por qué ellos  no se dan cuentan de lo que dicen nuestras leyes?

¿Acaso no ven los daños que están haciendo a nuestras montañas, porque ellos están provocando la contaminación? Cuestionó Roberto Chub.

Muchas veces le insistieron los personeros de la minera para que saliera de la tierra, “le dijeron que si no lo recibía, entonces te mandamos a la cárcel porque yo mismo te llevo a la cárcel, porque yo tengo un montón de gente comprada, eso lo dijo el militar retirado y quien ocupa un cargo de gerencia dentro de la empresa CGN Pronico…”

“No voy a recibir el dinero porque yo amo a mi comunidad y a mis hijos, de ellos es la tierra esa es mi lucha esto fue lo que dijo mi esposo.”

Ciudad de México | Desinformémonos. Un grupo armado compuesto por integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) destruyó el 21 de abril con armas de fuego, palos y piedras la sede de la Organización Las Abejas de Acteal y la Casa de la Memoria y la Esperanza, así como el alambrado colocado en el perímetro del lugar por los integrantes de la organización, denunciaron Las Abejas en Chiapas.

Los miembros de Las Abejas explicaron que el sábado pasado llevaron a cabo trabajos de alambrado en el perímetro de su sede para delimitar el territorio y construyeron una casa en la orilla de la carretera, la cual también fue atacada por el grupo armado que cometió “su acto violento aventando a la carretera las maderas, y algunas se las llevaron a su casa”.

“Antes de que empezáramos nuestro trabajo, llegó un grupo de personas: Antonio Gómez Pérez, presidente del grupo “Concejo Pacifista Sembradores de Paz” (grupo usurpador del nombre de nuestra Organización Las Abejas de Acteal), junto con su esposa Catarina Vázquez Pérez, María Vázquez Pérez, Javier Luna Pérez y su esposa Micaela Vázquez Pérez, Rosa Vázquez Pérez y su hijo Romeo Hernández Vázquez y Juan Vázquez Pérez, para sembrar hizotes para delimitar según ellos su terreno, dentro del área de nuestra sede”, explicaron.

Señalaron que después iniciaron los disparos de armas de fuego provenientes de la casa de Javier Luna Pérez, integrante del PVEM, y a las 22:30 horas, aproximadamente, la sede la organización fue atacada por los hijos de Luna Pérez y otros integrantes del partido.

“Llegan a nuestra sede con armas de fuego, palos, piedras y comenzaron violentamente a destruir el alambrado que habíamos hecho alrededor de nuestra sede y al mismo tiempo realizaban disparos de armas de fuego. Y cuando terminaron de destruir el alambrado realizaron 4 disparos de armas de fuego y de ahí se regresaron a sus casas”, indicaron Las Abejas.

“Una vez que terminaron el destrozo, y se fueron a juntarse en la puerta de la casa del presidente del ‘Concejo Pacifista Sembradores de Paz’, desde ahí le dispararon con un arma al foco del alumbrado público y diciendo jactanciosos: ‘¡terminamos el trabajo, vayan a tomar su pozol!’”, agregó la organización.

Un día después, los agresores lanzaron piedras al sobre el techo del Mukinal, donde están enterrados los 45 hombres y mujeres, más 4 no nacidos, víctima de la masacre del 22 de diciembre de 1997 en Acteal.

Frente a los hechos, responsabilizaron al Estado mexicano de cualquier otra agresión contra la organización y exigieron al “mal gobierno municipal, estatal y federal” detener la violencia y garantizar la seguridad, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “se pronuncie pronto sobre la responsabilidad del Estado mexicano”.

Video:

https://desinformemonos.org/wp-content/uploads/2018/04/Con-tristeza-y-con-mucha-indignaci%C3%B3n…-Las-Abejas-de-Acteal.mp4?_=1

Por: Nelton Rivera.

Totonicapán, 29 de abril de 2018. El pueblo k’iche en Momostenango lamentó el fallecimiento este día de una autoridad ancestral, el Nab’e K’amalb’e don David, formó parte de las autoridades ancestrales. Era el titular representante ante el Consejo de Desarrollo de los pueblos indígenas de Totonicapán. También fue presidente de las 32 comunidades ancestrales de este municipio.

Junto a las autoridades ancestrales protegió los derechos de los pueblos indígenas en el territorio, en el año 2016 realizaron un juicio en contra del alcalde municipal de Momostenango por discriminación.

También en enero de ese mismo año, junto a las autoridades ancestrales fiscalizaron la elección del gobernador departamental, por ser un espacio político de los partidos de gobierno y no de representación desde la sociedad del departamento. Totonicapán: la autoridad ancestral busca ser testigo en la selección de candidatos a la gobernación 

Por: Redacción. / http://www.somoselmedio.org

Actopan, Veracruz 27 de abril 2018.- Más de 300 habitantes de 20 localidades del municipio de Actopan y Alto Lucero, clausuraron de manera simbólica la bodega de materiales que utilizan el proyecto Minero “El Cobre”, de la empresa, Almadex Minerals.

Las comunidades exigieron la cancelación de las concesiones mineras y que sus territorios sean declarados libres de minería. Ante la nula respuesta del gobierno federal y municipal, las comunidades decidieron realizar la clausura de las instalaciones de la empresa minera Almadex Minerals.

Las organizaciones acompañantes y los habitantes explicaron que el proyecto minero “El Cobre” pone en grave riesgo a las comunidades ya que los posibles impactos acumulativos y sinérgicos con otras actividades y proyectos – como la planta nuclear Laguna Verde ubicada a tan solo 3 km de distancia del proyecto minero, y las líneas de alta tensión, vulneran sus territorios. Explicaron que el gobierno federal ha concesionado más de 70 mil hectáreas que se encuentran ubicadas en un importante territorio biocultural del estado de Veracruz; es decir, dentro de un espacio que ha sido ocupado por siglos por comunidades campesinas, afrodescendientes indígenas y comunidades equiparables a pueblos indígenas.

Detallaron que lo anterior vulnera los derechos humanos de las comunidades tal y como lo establecen los artículos segundo de la Constitución y sexto del Convenio 169 de la OIT, el gobierno federal debe de garantizar el consentimiento previo libre, informado y culturalmente informado.

Las comunidades equiparables pertenecientes a los municipios señalados, han tomado la decisión en 27 asambleas ejidales y comunitarias de rechazar las actividades mineras e su territorio. A través de actas de asamblea han manifestado a las autoridades la vulneración a partir del acto de la concesión minera, de su derecho a la autonomía, a la libre determinación sobre su territorio, al consentimiento previo, libre informado y culturalmente adecuado. Por lo tanto, denunciaron que las concesiones y los proyectos son violatorios de derechos humanos.

Por lo anterior los habitantes exigieron a las autoridades federales la cancelación de las concesiones, respeto a sus derechos, y la expulsión inmediata de las empresas mineras de sus territorios. Exhortaron a la empresa de desistirse de sus concesiones mineras en territorio veracruzano y cancelar el Proyecto Minero “El Cobre”.

Por: Lorenzo Pez y Nelton Rivera.

Las autoridades comunitarias del pueblo q’anjob’al fueron burladas por el alcalde municipal de Barillas, al no presentarse a una reunión para abordar el tema de la Policía Nacional Civil (PNC), no recibieron ni una explicación del porqué no se realizaría la reunión con el Consejo Municipal, de forma sorpresiva llegó un grupo de personas que durante los últimos seis años los han agredido y nuevamente fueron golpeados algunas de las autoridades comunitarias.

Para este domingo 29 de abril 2018, estaba programada y confirmada una reunión en el salón municipal de usos múltiples “Vicente Ferrer” en el parque central de Barillas, esta reunión es para firmar el acuerdo entre las comunidades q’anjob’al, representantes de la sociedad civil con el Consejo Municipal para que la PNC permanezca solamente los días que dura la fiesta patronal y que luego deberán retirarse del municipio.

Se llevaron la sorpresa de encontrar el salón municipal cerrado,  ocupado por las actividades de la feria según les informó un trabajador municipal. Ni una sola de las autoridades municipales estaba presente para ubicarlos en otro lugar o darles una explicación.

El acuerdo trata sobre renovar el permiso de la presencia de la PNC, cada año, únicamente durante los días de la fiesta patronal, del 28 abril al 4 de mayo 2018. Este acuerdo se ha venido renovando anualmente desde que se retiró la PNC del municipio, en el mes de febrero de 2015. El acuerdo de este año finalmente se renovó.

Se supo que fue el alcalde municipal Gilberto López Alvarado, quien autorizó el uso del salón para otras actividades, esta acción inconsulta con las autoridades comunitarias provocó el malestar en la población, debido a la importancia del tema, exigieron se habilitara otro salón u oficina para que la reunión se realizará.

Para las comunidades la PNC y el ejército durante el Estado de Sitio en 2012 con el gobierno de Otto Pérez Molina provocó mucho descontento, por el desmedido nivel de represión que llegó a las comunidades, luego el ministerio de Gobernación permitió que los agentes asignados a la seguridad ciudadana del municipio hicieran labores de seguridad privada para la empresa hidroeléctrica Hidro Santa Cruz, lo que llevó a que la gente exigiera su retiro inmediato.

Lamentablemente, apareció este grupo de personas del casco urbano que se opone a la defensa del territorio de las comunidades, ellos tenían información de la reunión, llegaron al parque y las autoridades comunitarias fueron agredidas verbal y físicamente, varios fueron amenazados.

No es la primera vez que estas personas mestizas de Barillas buscan provocar un problema mayor en el municipio, en 2012 realizaron varias detenciones arbitrarias, han dirigido amenazas a los defensores del territorio, este grupo de autonombró “Vecinos organizados contra la delincuencia” y actúan usando capuchas durante las rondas nocturnas, sin la autorización municipal ni de las autoridades de seguridad estatales.  Uno de los organizadores de este grupo de patrulleros o paramilitares, es un trabajador del ministerio de Educación, el maestro Luis López, quien además es COCODE de la zona 4 del casco urbano, denunció una de las autoridades comunitarias afectadas.

¿Por qué la violencia por un grupo de ladinos del pueblo?

Mayoritariamente las comunidades indígenas son del pueblo q’anjob’al, pero también son mestizas, juntas desde el año 2010 se organizaron para proteger los ríos y los bienes naturales, con la presencia de la empresa Hidro Santa Cruz realizaron fuertes movilizaciones contra esta.

Varios empresarios y finqueros locales de Barillas,  integrantes de algunas de las familias mestizas con poder económico, hicieron negocios con la empresa española Ecoener Hidralia Energía, dueña de la empresa Hidro Santa Cruz.[1]

El primero de mayo de 2012,  cuando des de los personeros de la seguridad de la empresa asesinaron al comunitario Andrés Francisco Miguel, un día después, ese mismo grupo de personas actuaron como un grupo paramilitar y detuvieron de forma arbitraria a las primeras 12 autoridades comunitarias que se oponían a la hidroeléctrica. Barillas: Saúl y Rogelio, defensores del agua y presos políticos quedan en libertad

Son ellos, quienes han insistido en la permanencia del destacamento militar, varios fueron comisionados militares o soldados, y ahora nuevamente insisten en patrullar por las noches el casco urbano bajo el pretexto de la inseguridad, por la falta de los agentes policiales en el lugar.

Este grupo que se presentó al Parque Central por la mañana, ingresaron violentamente a la municipalidad con el argumentaron que iban en apoyo y respaldo de los agentes de la PNC, expresando estar en contra de las autoridades comunidades y de la sociedad civil. “Llegaron de manera prepotente, es gente que hace uso de armas, lanzando insultos y amenazas, golpearon a varios representantes de las comunidades. También insultaron al alcalde municipal” afirmó un comunitario.

Un integrante del grupo de patrulleros, se atrevió a lanzar varias amenazas, una fue la de citar en frente de la municipalidad a las autoridades comunitarias el día 5 de mayo en apoyo de la PNC, para que se quede permanente, y con gritos dijo: “El 5 de mayo vengamos mucha con los huevos bien puestos y a cualquiera que se oponga le volamos verguiar”.

Un diputado fuertemente cuestionado

Desde el Congreso, el diputado Mike Ottoniel Mérida electo por el Partido Movimiento Reformador (MR) por el municipio de Barillas insiste en que la policía debe de regresar a Barillas, también públicamente a externado su respaldo a la formación de grupos de patrulleros en el centro del municipio, él es familiar de varios de los que forman este grupo de patrulleros que agredió a las autoridades comunitarias en la municipalidad. La diputada Lucrecia Samayoa del municipio de Barillas, también se sumó a las acciones de Mérida para que la PNC regrese, ella asumió como diputada en el año 2016 en lugar del diputado Julio López Villatoro de la UNE, hermano de Roberto López Villatoro conocido como “El Rey del Tenis”, ambos estan siendo investigados por el MP y la CICIG por  varios casos de corrupción actualmente.

Mérida cuestionó al director de la PNC y al Ministerio de Gobernación por la ausencia de agentes de la PNC en el municipio, esto ocurrió en una reunión un mes atrás, el diputado es uno de los empresarios que mostraron su respaldo a la hidroeléctrica en Barillas. Diputados piden presencia policial en Barillas, Huehuetenango

Actualmente el diputado perdió la inmunidad por un caso de corrupción en la SAT. Diputado pagó deuda a la SAT pero no pudo evitar que le quitaran la inmunidad

En 2013 fue responsabilizado públicamente junto a varios de sus familiares por la detención arbitraria de los líderes comunitarios el 2 de mayo de 2012, dos días antes del Estado de Sitio, las detenciones arbitrarias no han sido investigadas por el Ministerio Público hasta la fecha.[2]

[1] Testimonios de las víctimas de la persecución penal y prisión política de Barillas Huehuetenango. Año 2012.

[2] Testimonio de las personas que fueron objeto de detención arbitraria en 2012. Barillas Huehuetenango.

Por Nelton Rivera.

Don Mario Ac Cuz quien forma parte de la directiva de la comunidad Agrícola El Gosen fue detenido de forma arbitraria esta mañana en Puerto Barrios Izabal, él y varios familiares de Oscar Yat asistieron al Juzgado de Primera Instancia Penal a la audiencia de primera declaración de Oscar Yat.

Mario Ac realizaba varias fotocopias en una librería cercana al Ministerio Público, cuando varios agentes de la Policía Nacional Civil PNC, llegaron en la radio patrulla No. 63, le solicitaron el DPI a él y a otro comunitario, luego de revisar su DPI bajo engaño le solicitaron los acompañara para realizarle una entrevista y que al finalizar él podría retirarse para su casa.

Uno de los testigos afirmó que no mostraron en ningún momento una orden de detención contra don Mario Ac y que fue bajo engaño que lo detuvieron.

Mario Ac Cuz, es parte de la directiva de la comunidad Agrícola El Gosen, están asentados dentro de la reserva natural xx y actualmente la empresa minera CGN Pronico intensifico varias acciones para desalojarlos de la comunidad, en los últimos meses han recibido varias amenazas para que dejen la tierra.  Izabal: preso por negarse a abandonar su tierra por presión de la Compañía de Níquel

Por: Carlos Ernesto Choc.

El Estor 30 de Abril 2018. La contaminación del agua en el Lago de Izabal debido a la extracción industrial del níquel, es una de las preocupaciones del pueblo q’eqchi´, en abril se cumplió un año de la denuncia hecha por la Gremial de Pescadores Artesanales y de las  movilizaciones que realizó la Gremial.

Para las organizaciones sociales, campesinas y de pescadores, es lamentable que se ponga en riesgo la vida acuática en las aguas del Lago de Izabal, también las vidas de las personas, la economía de los pescadores, los comercios y el turismo. Además, las acciones de criminalización de la empresa minera atentan contra la libertad de expresión y el periodismo en Guatemala, Carlos Ernesto Choc (mi persona)  y Jerson Xitumul Morales, corresponsales de este medio están siendo judicializados por su labor periodística.

A la movilización y denuncia de los pescadores, se sumaron otros colectivos como los comerciantes de la región, el Gremio magisterial, la Colectiva Jalok U de mujeres q’eqchi´, el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), el Gremio de hoteleros de Río Dulce y otras organizaciones sociales.

Para los vecinos y las organizaciones sociales del municipio de El Estor, es preocupante que la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y La Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A. (PRONICO) sigan trabajando sin ningún control o fiscalización estatal.

Recientemente se reunieron para darle seguimiento al tema de la contaminación del Lago. El abogado Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), estuvo presente para la asesoría legal y  defensa ambiental que están impulsando los pescadores.

Los pescadores junto a CALAS interpusieron un recurso de amparo por la violación del derecho de consulta a las comunidades maya q’eqchi´,  este amparo fue hecho el 22 de febrero 2018 en contra del Ministerio de Energía y Minas (MEM) ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Entrevista al abogado Rafael Maldonado de CALAS: 

Por: Simón Antonio

Huehuetenango, 10 de mayo 2018. Las autoridades comunitarias (Cocodes) denunciaron que la empresa Promoción de Desarrollo Hídrico SA (PDHSA) – Energía y Renovación SA, volvieron a ingresar maquinaria para continuar construyendo los tres proyectos hidroeléctricos en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.

Desde el día sábado 5 hasta el jueves 10 de mayo, en la comunidad Bella Linda, de la región de YichK’isis, en horas de la noche ingresaron varios tráileres de plataforma con maquinaria pesada para las hidroeléctricas. Todas fueron ingresadas al campamento de la empresa en la finca YichK’isis, en donde están ubicados el destacamento militar y una comisaría de la Policía Nacional Civil (PNC) que protegen a la empresa.

Bonefilio Morales, miembro del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de la aldea Bella Linda, informó que cada plataforma con maquinaria es escoltada por patrullas de la PNC que proviene del departamento de San Marcos. “El sábado entraron como las 7 de la noche y ese día venían seis patrullas delante de la cada máquina y seis atrás” denunció la autoridad comunitaria. Los días siguientes las maquinarias estuvieron entrando en horas de la tarde.

Por parte de las autoridades de las comunidades que forman parte de la región Yich K´isis, por el momento están estudiando qué medidas tomar ante la constante violación del territorio que comete la empresa y el ministerio de Gobernación.

También expresaron su descontento por la presencia desde el 2014 del destacamento militar y de la PNC, pues hacen el mismo papel de la seguridad privada de la empresa, proteger la maquinaria y proteger a los agentes privados que atentan contra la población.

Los amparos contra las licencias de las hidroeléctricas en Pojom

La movilización comunitaria ha sido pacífica desde la llegada de la empresa PDHSA, se levantaron actas, se realizaron memoriales, se citó al alcalde municipal, se enviaron distintos escritos y delegaciones a los ministerios de energía y minas, medio ambiente, gobernación, derechos humanos etc. El Estado simplemente se retiró del territorio y dejó que la empresa propiedad de la familia Rosemberg Marzano actuara libremente en el territorio.

El lunes 7 de mayo 2018, en la ciudad de Guatemala se suspendió la realización de la vista pública planificada en la Corte Suprema de Justicia (CSJ),  para conocer los planteamientos de los amparistas y de la empresa por el amparo contra el acuerdo del Ministerio de Energía y Minas (MEM,) que otorgó la licencia de construcción a la Hidroeléctrica Pojom II, este amparo fue interpuesto por las comunidades de la región de Yich K´isis[1].

Los magistrados por algunos requerimientos técnicos de la empresa decidieron suspender la vista pública y reprogramarla.

[1] CSJ Suspende La Vista Pública Por El Proyecto Hidroeléctrico Pojom II http://www.prensacomunitaria.org/csj-suspende-la-vista-publica-por-el-proyecto-hidroelectrico-pojom-ii1/

Foto: Ana Cristina Ramos / Pie de Página

Ciudad de México | Desinformémonos. Dos suspensiones definitivas para evitar que continúe el procedimiento de consulta sobre el proyecto central eólica “Gunaa Sicarú”, así como su construcción y operación, fueron concedidas a las comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, en Oaxaca, informó la organización Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC).

La organización puntualizó que las suspensiones fueron otorgadas por el Juzgado Primero de Distrito contra el proyecto eólico a cargo de la empresa Eólica de Oaxaca, filial de la transnacional francesa EDF.

El mismo juzgado ya había resuelto que no se llevara a cabo o continuara, de haberse iniciado, “el procedimiento de consulta por no existir condiciones naturales (dado el sismo ocurrido en septiembre de 2017 y los subsecuentes)” y tampoco las “condiciones sociales por los conflictos internos que pudieran surgir en la propia comunidad, dados los próximos plebiscitos electorales a nivel municipal, así como por los eventos culturales por fiestas patronales, ya que esos aspectos podrían influir en la decisión que, en su caso, adopte la comunidad indígena”.

De esta manera, la autoridad reconoció la falta de condiciones naturales y sociales para un ejercicio del derecho a la consulta libre, de buena fe y adecuada a las circunstancias, “derivada de los próximos plebiscitos electorales a celebrarse en la comunidad de Unión Hidalgo a nivel federal, así como por los sismos de septiembre de 2017”.

Publicado en https://desinformemonos.org

Por: Baudilio Choc / Carlos Ernesto Choc.

Las familias q’eqchi’ quienes se encuentran en la comunidad Agraria “El Gosen” en el municipio de El Estor, Izabal sufren de amenazas, por habitar en el terreno nacional de la Finca Setal declarada área de reserva protegida estatal y que la empresa minera reclama como propiedad privada según la población.

Dos hogares de la comunidad fueron afectados, niños pequeños y sus madres se quedaron sin los padres de familia porque están en la prisión de Puerto Barrios, ambos fueron detenidos de forma arbitraria, y ninguna autoridad les presentó una orden de detención y son los abogados con mandato legal de la empresa CGN quienes promueven las denuncias penales en los tribunales.

Don Oscar Yat fue detenido el 24 de abril y a Mario Ac Cuz el 3 de mayo, ambos son indígenas q’eqchi’ y tienen cargos como directivos en la comunidad. Pero la acusación ante un juzgado colocó a otras cinco personas más con órdenes de detención, la empresa minera es quien los acusó penalmente, ahora el caso está dando un giro, es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP- quien pretende a querellarse también contra los comunitarios.

Las familias en la comunidad agraria, denunciaron que varios trabajadores de la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel –CGN- quieren desalojarlos de la tierra.

Temen por la seguridad de sus esposos en prisión, también por que el juzgado de primera instancia de Puerto Barrios, presidido por el juez Edgar Aníbal Arteaga López  suspende las audiencias sin ninguna excusa.

La finca Setal considerada una reserva natural está siendo administrada por la empresa minera, contradictoriamente la misma empresa que destruyo varios cerros para extraer el níquel y que actualmente contamina el Lago de Izabal con los desechos químicos resultado de esta proceso de extracción.

El testimonio de Patricia Ochoa  de la comunidad Agraria “El Gosen”

“Envío un saludo a todo el pueblo de El Estor Izabal yo solo quiero saber por qué detuvieron a mi esposo y quiero decir que fue la compañía, ellos los de la empresa, dejaron a mis hijos sin darles de comer y yo que les puedo dar como madre, ellos no paran de llorar.

Quiero también preguntarles ¿por qué a nosotros los pobres nos hacen mucho daño?, yo les digo a ustedes señores de la mina, ustedes no necesitan las tierras y por qué detuvieron a mi esposo el 3 de mayo 2018, él es Mario Cuz Coy,  quiero pedirles a los de la empresa que lo dejen libre porque yo ya no sé qué hacer con el llanto de mis hijos y no tengo dinero para comprarles la comida.

A mi esposo jamás le notificaron, el juez no le informó que él tenía una orden de captura y el día de la audiencia de don Oscar Yat con mentiras fue detenido en ese momento, él trabaja como jornalero y con lo que ganaba Q 40.00 diarios y con eso compraba la comida, tenemos dos hijos, una nena que tiene apenas 1 año y un varón que tiene 4 años y le pido a la empresa minera CGN PRONICO que liberen a mi esposo.”

Por Juan Calles

El calor es húmedo y pegajoso, el camino de terracería hace que nos agolpemos en la palangana del pick-up que nos transporta por las cercanías del rio Polochic. Una anciana con cara de molestia se acaricia el brazo derecho que se acaba de golpear por un movimiento brusco; se da cuenta que la observo y baja la mirada entre apenada e incómoda. “Usted se parece a Mamá Maquín” le digo con fingida timidez. Ella levanta la mirada y me hace sentir escalofríos cuando responde: “ese nombre no se menciona desde hace 36 años”, y vuelve a bajar la mirada. Volteo a ver a la gente que se amontona en el pick-up: todos fingen que no escucharon y ven distraídos hacia la nada.

Mamá Maquín fue una lideresa Q´eqchi´ que encabezó la lucha por la tierra durante los años 70 en Alta Verapaz. Junto a decenas de campesinos y campesinas estaba frente a la municipalidad de Panzós el 29 de mayo de 1978, esperando una respuesta del alcalde de la localidad ante el despojo de tierras que sufrían. El complejo minero EXMIBAL, dedicado a la explotación de níquel, ocupaba tierras comunales y las que los campesinos usaban para sembrar su comida. Además, los megaproyectos de la Franja Transversal del Norte y la hidroeléctrica Chixoy amenazaban con expoliar las pocas parcelas que les quedaban.

Como respuesta a sus exigencias, ese día obtuvieron la represión del ejército de Guatemala, que desde temprano ocupó lugares estratégicos para atacar a la población civil desarmada. Las primeras ráfagas asesinaron a 35 personas. El eco de los disparos aún no se dejaba de escuchar, decenas de personas corrían por salvar su vida, el Ejercito hizo más disparos; hombres, mujeres y niños se abalanzaron a las lanchas que les esperaban sobre el río Polochic, en la carrera por salvar su vida volcaron los aparatos y murieron ahogados.

Entre los primeros asesinados se encontraba Mamá Maquín.

Durante una comparecencia pública en junio de 2011, el ex alcalde de Alta Verapaz, Wálter Overdick García, testificó sobre la participación de finqueros y altos mandos militares en la masacre ocurrida en 1978.  En esa audiencia habló de una reunión entre finqueros en Telemán, pedida por los hermanos Flavio y Héctor Monzón, así como por Amílcar Solís, Joaquín González yEnrique Hernández, quienes buscaban la intervención del ejército porque los campesinos exigían tierra. Con la autorización de Guillermo de la Cruz -en ese tiempo Jefe del Estado Mayor Presidencial-, el ejército presente en Panzós secuestró y eliminó a algunos líderes campesinos, finalizando con la masacre el 29 de mayo.

Hasta hoy, ninguna persona ha sido acusada, ni perseguida judicialmente por esta masacre.

Después de cometida la masacre, la tropa que había llegado desde Zacapa tomó control absoluto de la población y en fosas comunes sepultaron uno sobre otro los cadáveres que inicialmente quedaron esparcidos en el centro del pueblo. Para ello se valieron de tractores que ya estaban preparados para ello.

…

Antes de llegar a Panzós quise hablar de nuevo con la anciana que me había pedido no mencionar el nombre de Mamá Maquín. Ella lo sospechó y me vio fijo a los ojos. Entonces entendí: el silencio nos ha sido impuesto, lo llevamos en el torrente sanguíneo, en los ojos, en las palabras que decimos el silencio nos ha mantenido vivos. Eso me decía ella con los ojos llenos de cansancio y dolor.

Cuando llegamos al pueblo, habían pasado 36 años de la masacre. La señora se bajó del pick-up, caminó lento hacia la plaza, se puso de rodillas y encendió algunas velas, se limpió algunas lágrimas de los ojos. El pueblo entero estaba en silencio, sólo el rumor del calor y del río se escuchaban en el ambiente.

La señora tomó aire y gritó, gritó con todas sus fuerzas, “NI EL OLVIDO, NI EL PERDÓN”.

Su voz retumbó por todo el pueblo. Era el momento de gritar, es el momento de dejar de callar.

Ciudad de México | Desinformémonos. Un recurso de apelación a la sentencia emitida contra seis indígenas nahuas detenidos desde hace 15 años “con acusaciones falsas y dolosas” fue interpuesto por el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL), cuyo presidente, José Antonio Lara Duque, solicitó particularmente que los tres poderes del Estado garanticen la protección de los acusados, luego de que se descartó que estuvieran presentes en los hechos en los que una persona murió.

“El gobierno del Estado de México, a través de sus tres Poderes (Legislativo, Ejecutivo y sobre todo Judicial) tienen el reto de emitir una revisión a la sentencia con un alto estándar internacional. Es una oportunidad para que haya apego a derecho, ya que con relación a la protección de personas indígenas el gobierno mexicano tiene una deuda histórica con este sector de la población”, indicó Lara Duque.

El recurso de apelación busca la protección de los seis nahuas de la comunidad mexiquense de San Pedro Tlanixco, quienes desempeñaban acciones de defensa del agua y el territorio por las cuales, junto con otros defensores de la comunidad, fueron víctimas de represión por parte de las autoridades estatales.

El presidente del CDHZL recordó que el 1 de abril de 2003 los habitantes de San Pedro Tlanixco fueron agredidos por grupos paramilitares financiados por el presidente español de los floricultores, quienes aseguraban que el agua del río dañaba sus productos por estar contaminados con el agua sucia del río. Los pobladores de la comunidad se defendieron y varios resultaron heridos, y el empresario resultó muerto.

El río Texcaltenco, que nace en San Pedro Tlanixco, fue concesionado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a empresarios del municipio floricultor, quienes desde los ochenta llegaron a Villa Guerrero, lo que impidió el acceso al agua a los nahuas e inició una lucha de defensa de su territorio y la explotación del río.

Por: Baudilío Choc / Fotografías: Carlos Choc

La Radio Xyaab’ Tzuultaq’a hizo una entrevista a Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales organizada en el municipio de El Estor, Izabal. El pescador dijo que exigen buscan justicia y recuerdan el asesinato del pescador Carlos Maaz, por la Policía en una manifestación pacífica, que se realizaba en contra de la contaminación de Lago de Izabal. La población ha responsabilizado a la mayor empresa ubicada en la región, la minera CGN PRONICO, filial de Solway Investment Group.

Además agradeció a los medios alternativos como Prensa Comunitaria y a las periodistas internacionales como Sandra Cuffé por haber estado el pasado 27 de mayo 2017, documentando durante la acción violenta y represión  de los antimotines y la PNC para desalojar a la población y a la Gremial de Pescadores.

Durante la entrevista Cristóbal Pop dijo: “Pedimos justicia al Estado, para que no quede impune este crimen cometido por le mismo Estado porque hay pruebas de quién asesinó a nuestro compañero pescador Carlos Maaz, nosotros hicimos el llamado al Ministerio Público (MP) en el momento del crimen para que recogiera el cadáver, pero no se hicieron presente, la PNC dijo que no hubo ningún muerto en El Estor.

Ellos no quisieron aceptar y no quisieron informar de este crimen de Estado. Esto fue por manifestarnos en contra de la contaminación del Lago de Izabal, que es una lucha que llevamos. Quiero agradecer al periodista Carlos Ernesto Choc por documentar e informar, no estuvimos solos en esa represión policial, estuvieron organizaciones y periodistas internacionales en donde hay evidencias de quién asesinó a nuestro compañero”.

El gobierno de Jimmy Morales quiere dejar impune el asesinato de Carlos Maaz, no miramos ningún avance en la investigación, del sistema de justicia y quiero contarle al pueblo que todavía no se ha hecho justicia y una vez más quiero agradecer a Prensa Comunitaria, este medio y a otros, afirmó en la radio el presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales.

“Queremos que se haga justicia por el asesinato de Carlos Maaz, porque él como todos nosotros manifestamos ese día por la contaminación del Lago de Izabal y la destrucción de nuestros cerros. Nosotros los q’eqchi’ no somos escuchados por el Estado.”

Pero gracias a las organizaciones internacionales y a las Naciones Unidas, como la Relatora de los Pueblos Indígenas, a la cual le hicimos saber lo que estamos sufriendo por defender nuestros recursos naturales, estamos en una lucha y queremos que se haga justicia por nuestro compañero Carlos Maaz.

Está muy lento el proceso de justicia, no quieren apoyarnos y como se menciona la corrupción la han querido esconder y entre ellos han hecho arreglos para dejar impune este crimen.

A los indígenas mayas q’eqchi’ en la región nos han hecho mucho daño, no solo a la Gremial de Pescadores, también a los comunitarios de lote 9 donde las mujeres que fueron violadas y ellas han pedido justicia en un Tribunal internacional.  Dejó muy claro lo que sufrimos nosotros los indígenas mayas Q’eqchi’ por la empresa minera Compañía Guatemalteca de Níquel -CGN-  PRONICO propiedad de Solway Investment Group, una empresa de Suiza.

Cristóbal también habló sobre los resultados de la investigación realizada por centro especializado en Alemana, en dónde se analizaron las muestras de agua del Lago de Izabal, los resultados desmienten al gobierno de Guatemala que negó que la extracción industrial del níquel haya contaminado el agua del Lago. Un lago contaminado, evidencias negadas, un ecocidio en ciernes

Entrevista en vivo de Cristóbal Pop en idioma q’eqchi en la radio Xyaab’ Tzuultaq’a…